Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 30 mayo 2010

Representación:

http://www.youtube.com/watch?v=7VLTLjQsWIs&feature=channel

Anuncios

Read Full Post »

¿Quién es el Jefe de la Policía Federal que no para el problema de la Trata de Personas, ni elimina los prostíbulos que funcionan en Buenos Aires y en el resto del país? ¿De quién depende? ¿Quién nombró y mantiene a quien debería actuar y no lo hace? ¿Porqué las autoridades y los diarios no denuncian?

Read Full Post »

La penalización referida a la TRATA DE PERSONAS, no se corresponde con la que tiene el secuestro de personas: hay que actualizar y corregir, elevando las penas por esta aberrante modalidad delictual que está en crecimiento.

Read Full Post »

************************************************************************************

Gente interesada orienta contra la Trata de Personas en La Plata y en ciertas ciudades de la Provincia de Buenos Aires mientras que la Capital Federal que está bajo el dominio circunstancial de Macri del Pro, como Gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra desde hace años como una gigantesca zona liberada, llena de prostíbulos. Se entregaron listados de los prostíbulos con direcciones y teléfonos, fueron ya denunciados en Noviembre 2009 por 200 ONGs, al Fiscal Colombo y al Procurador General Arrighi, y aun no pasa nada, algunas acciones que hicieron sirven sólo para mostrar que algo se hace cuendo en realidad se instalaron muchos más establecimientos que los pocos que se mostró que se cerraban, y el resto sigue como si nada.

Ante esta inacción oficial, y de la policía, se multilican los prostìbulos, crecen las listas, hacen publicidad ostensible, ejércitos de proxenetas y cafishios reparten volantes como estampitas con imágenes de atractivas mujeres en posiciones PRO-vocativas, representando a pro-stitutas  por toda la ciudad. Mediante ejércitos de  colaboradores mal pagados, distribuyen volantes promocionando a la vista de todos su acción perversa prohibida, pero se ponen muy violentos cuando ven a hombres mayores que sacan para tirarlos los volantes que también ellos pegan por todos lados, inclusive en los teléfonos públicos de los sitios más céntricos de la ciudad, como los que reparten incitando al consumo de prostitución, que esconde la trata, o invitando hombres a asistir a bares lúgubres que funcionan como zaguán de prostíbulos disfrazados, o donde son estafados perdiendo allí su dinero en un par de tragos berretas u obligados a pagar fortuna por un par de tragos con compañía femenina cómplice.

La policía cobra por su silencio. Entre 500 pesos y 7500 pesos por mes, según establecimiento y zona.

Las autoridades de la ciudad, no saben, no dicen, no actúan. Su PRO-sapia no les permite sino ser un eslabón más de la cadena que alguien debería tirar de una vez.

******************************************************************************************

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impera un PACTO DE SILENCIO (OMERTÁ), donde no se habla ni se publicita que está virtualmente tomada, en manos de mafiosos de la trata, que explotan la prostitución ajena, descaradamente en prostíbulos cuya existencia está prohibida y penada por ley, pero que hacen propaganda explìcita hasta en el microcentro de la ciudad, con total desparpajo e impunidad, con la complicidad activa de policía y autoridades, nacionales y de la ciudad, con flagrante incumplimiento del deber del funcionario público.

Están principalmente en el entorno del CONGRESO DE LA NACIÓN, en el MICROCENTRO, en RECOLETA, Palermo, Barrio Norte…

Hasta en los diarios de comunicación masiva importantes, y en los que funcionan como voceros del gobierno, se publica en forma permanante en los clasificados, lucrando con la situación de desgracia Y VULNERABILIDAD ajena, la prostitución, la esclavitud sexual, la trata, el uso, la corrupción y la impunidad. Se muestran como si fueran un servicio lícito, ofreciendo jovencitas, bebotas, nuevos planteles, con descripciones soeces y vergonzantes que representan el anzuelo para hombres generalmente o muy jóvenes sin experiencia o demasiado viejos para dominarse o conseguir favores femeninos sin pagar. Y que caen en esas redes.

Read Full Post »

MARIA ANGELICA PIVAS COORDINADORA FORO SOCIAL INFANCIA ROBADA GUALEGUAYCHU Tal como adelantáramos en ediciones anteriores, enla madrugada del miércoles efectivos de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, de Investigaciones de la Departamental, de la Dirección de Trabajo provincial y de la Dirección de Inspección del municipio local, realizaron operativos en whiskerías y boliches nocturnos, con el objetivo de identificar casos de explotación sexual. Bajo el mando del jefe de la División, comisario inspector Pedro Vergara, el personal recorrió los locales encontrando en uno de ellos una ciudadana de origen brasileño, mayor de edad, la cual fue identificada. En el operativo se habrían detectado ciertas irregularidades en cuanto al funcionamiento de algunos locales (cuatro en la ciudad), lo que ya estaría en conocimiento de la autoridad municipal y laboral de la provincia. En declaraciones realizadas por Vergara, éste se refirió a la División a su cargo, indicando que la misma fue creada dos años atrás a partir de la sanción de la Ley de Trata, bajo dependencia de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. “Entre Ríos fue una de las primeras provincias en crear una División contra la trata de personas y era necesario por los delitos que se vienen cometiendo”, destacó el comisario inspector, recordando que si bien los prostíbulos están prohibidos en el país desde 1937, se habilitan bajo el nombre de “pool, bar o whiskería”. Informó Vergara que son 10 las wiskerías que hay en el departamento y que las mismas no son habilitadas por la Policía, que tampoco tiene la facultad de clausurarlas. “Eso depende de los municipios, por lo que destaco la voluntad y decisión firme de Pueblo Belgrano donde se acabaron las peleas y los tiros, y los vecinos viven tranquilos, desde que se clausuraron las whiskerías”, manifestó. Desde la División de Trata de Personas se procura eliminar los casos de explotación, tanto sexual, como laboral, dentro de lo cual está también la explotación laboral infantil, que es un modo de trata. “La Policía esta haciendo un esfuerzo en eliminar este delito y para hacerlo hay que trabajar en la prevención y crear conciencia. Es importante que los padres sepan con quién salen sus hijos, qué contactos tienen en Internet, y demás”, finalizó el comisario inspector. FUENTE DIARIO EL ARGENTINO – 14-05-2010

Read Full Post »

Viernes, 14 de mayo de 2010

Una mujer que trabaja en la División Trata de la Federal denunció ante un juez que sus jefes cobran coimas a prostíbulos.

“Me ofrecieron regentear un prostíbulo”.

Nancy Miño Velázquez hacía tareas de inteligencia en la división policial de combate a la trata de mujeres para prostitución. Ayer denunció en la Justicia que los responsables del área recaudan dinero de los responsables de ese delito.

Por Eduardo Videla
 

“Hice la denuncia cuando se me pidió que plantara menores en un boliche de la Avenida Perito Moreno.”

/fotos/20100514/notas/na03fo01.jpg

El juez federal Ariel Lijo investiga desde ayer si en la División Trata de Personas de la Policía Federal se cobran coimas a dueños de prostíbulos para permitir que continúen en funcionamiento. La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que es personal de la Policía Federal, que integró hasta hace poco la división creada especialmente para el combate de la trata de personas y que incluso intervino en algunos procedimientos. La mujer, que es personal administrativo de la fuerza, dice haber realizado “tareas de inteligencia dentro y fuera de prostíbulos” y acusó directamente al titular de esa división, el comisario Jorge Omar Fernández, de recaudar el dinero proveniente de acusados por el delito de trata de mujeres para la prostitución. También denunció un intento por parte de ese oficial de “plantar dos menores en un boliche” de Pompeya, como parte de una interna policial. Desde la Oficina de Comunicación de la Policía Federal desestimaron la denuncia. “Esta mujer está con licencia médica de características psiquiátricas” , dijo el comisario Ricardo Pedace, responsable del área. Sin embargo, fuentes del juzgado federal dijeron a este diario que se trata de “un relato creíble en la medida en que se pueda chequear” y anunciaron que se dará intervención en el caso a la Unidad Fiscal para la trata de personas (Ufase). También dispuso una custodia permanente por parte de efectivos de la Gendarmería para garantizar su seguridad.

La denunciante es Nancy Graciela Miño Velázquez, de 38 años, nacida en Paraguay pero nacionalizada argentina. Miño es hija de un ex integrante de la Federal y su ex esposo es miembro de la fuerza. Tiene un hijo de 13 años que vive con su padre. Ayer, después de declarar durante siete horas ante el juez federal, hizo un relato de su denuncia ante Página/12. Contó que ingresó a la Federal hace dieciocho años y que trabajaba en el Comando Radioeléctrico, en la atención de llamados al 911, hasta que en octubre de 2008 la trasladaron en comisión a la División Trata de Personas. “Dijeron que como sé hablar en guaraní, podía hacer tareas de inteligencia en lugares donde había chicas paraguayas que no hablaban castellano”, relató. “Además, como vendía lencería erótica, tenía contactos con gente que estaba en la prostitución.”
“Me mandaron a hacer inteligencia interna y externa en privados, cabarets o boliches, pero yo tenía que pasarle toda la información sobre los lugares donde había menores a Fernández, en forma personal. Algunos los tengo detallados porque siguen existiendo”, dijo.
Mencionó un caso en el que le encomendaron localizar a una pareja de dominicanos con pedido de captura por la Ley de Trata, identificados como Williams G. G. y Ana Felicia M. de F. Los ubicó, después de infiltrarse entre prostitutas dominicanas, “en el boliche Chicharrón, ubicado en Bartolomé Mitre y Callao”. Pero la pareja nunca fue detenida y “según gente que está en la prostitución, los dejaron escapar a cambio de 50 mil pesos”.
Lo mismo habría ocurrido con un sujeto de apellido Chini quien, “según Fernández, tenía varios puteríos en Lanús y lo tenía que localizar porque tenía que pagar para la continuidad del funcionamiento de los privados”. Miño dice que obtuvo el domicilio del proxeneta y lo pasó a sus superiores, pero supone que “como todavía está en libertad, debe haber habido algún arreglo”. Agregó que en un procedimiento en el Chaco, el propio jefe de la División “dijo que inventó una detenida”. Y en otro allanamiento realizado en una whiskería ubicada sobre la ruta, cerca de Pergamino, “se plantó cocaína que había facilitado el sargento F. S. y un arma limada que había llevado el comisario Fernández”.
También denunció la participación en operativos de un policía retirado, de apellido Lobera, quien habría intervenido en los procedimientos realizados en enero en la ciudad de Mar del Plata, de los que dio cuenta en su momento Página/12. “El no figura en la nómina del personal que viajó, aparece la inspector Carolina Rotundo, pero no fue, estuvo él y puede verse en las fotos”, relató Nancy Miño.
La testigo agregó que en 2009, un oficial de apellido Ojeda Mercado le ofreció “regentear un prostíbulo en la calle Avellaneda”, en el barrio de Flores. Y que una suboficial de apellido González “que trabajaba en la Comisaría 5ª, que era mano derecha del comisario, me dijo que necesitaba gente de confianza para un prostíbulo en la avenida Córdoba”. “El mismo Mercado me dijo que Fernández regenteaba prostíbulos en Ciudadela y Ramos Mejía”, dijo la testigo ante el juez.
–¿Cuándo fue que decidió hacer esta denuncia? –le preguntó este diario.
–Fue cuando se me pidió que plantara menores en un boliche de la avenida Perito Moreno, en Pompeya.
–¿Cómo iban a plantar menores en un boliche?
–Una menor la iba a aportar el sargento S. de la Villa 1.11.14, y yo tenía que conseguir una chica del ambiente de la prostitución. Me lo pidió el comisario Fernández el 12 de febrero de este año. Les iban a dar dos documentos apócrifos, como que eran mayores, porque en los boliches no son giles, no toman menores.
–¿Para qué querían plantar menores?
–Porque después el comisario iba a ordenar que un grupo de rescate bajara al lugar. Quería hacer todo esto porque (el comisario inspector Omar) Cipolla (su superior inmediato) le había llamado la atención, porque un subinspector de Trata había levantado un bolso con dinero que tenía que haber sido levantado por la División Delitos contra la Salud.
–¿Qué hizo usted entonces?
–Fui a hablar con el comisario Cipolla, que es el jefe del Departamento de Delitos contra las Personas, el superior de Fernández. Me tomó los datos, pero no tomó en cuenta lo que dije. Como respuesta, me trasladaron a la calle Azopardo, al sector de documentación, a la vuelta de la División Trata. Por eso, el 21 de abril pedí licencia médica y no volví más, tenía miedo por mi vida.
En fuentes del juzgado federal de Ariel Lijo consideraron que el relato de Miño es creíble, pero difícil de comprobar. “Al trascender la denuncia por la prensa, si hay un pago de dádivas, como se denuncia, simplemente se deja de hacer por un tiempo”, sugirieron desde el juzgado. Además, por lo general, no suele haber pruebas del pago de coimas. Y los testigos, según consta en la causa, son todos integrantes de la División Trata de Personas
La declaración, añadieron fuentes cercanas a la causa, hace alusión a la interna que surgió en la Policía Federal a partir de la creación de la División Trata de Personas. “Esa división comenzó a trabajar en un territorio que era exclusivo de la División Delitos contra la Salud, que era la que controlaba los prostíbulos, en aplicación de la ley de profilaxis”, dijo el abogado Mario Ganora, de la Defensoría del Pueblo. La prostitución y en particular el proxenetismo han sido señalados, históricamente, como una de las fuentes de recaudación de la policía.
Miño se presentó a declarar el martes ante el juez federal Miguel Angel Torres, quien mandó la causa a sorteo. Desde entonces, se alojó en el local de la Fundación La Alameda –una organización dedicada a la lucha contra la trata de personas– para protección de su seguridad personal.
El caso recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien ayer mismo citó a declarar a la testigo. Miño es asistida por los abogados Ganora y Rodolfo Yanzón, de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, ambos colaboradores de La Alameda.

 
El país|Viernes, 14 de mayo de 2010
No hay condenas en la ciudad

Trata y prostitución

La División Trata de Personas de la Policía Federal fue creada durante la gestión como ministro del Interior de Aníbal Fernández. Al mismo tiempo, se puso en marcha la Oficina de Rescate y Acompañamiento de las Víctimas, que estuvo a cargo de Eva Giberti y que hoy es conducida por Zairda Gatti. Ambas actúan en forma conjunta, ante el pedido de intervención de un juez, pero la investigación siempre está en manos de la división policial.

Con la sanción de la Ley 26.364, contra la Trata de Personas, en 2008, se puso en funcionamiento la Unidad Fiscal para la persecución de ese delito, la Ufase, a cargo del fiscal Marcelo Colombo. “Hasta el momento se han recuperado 275 víctimas”, destacó ayer el comisario Ricardo Pedace, de la División Comunicación de la Policía Federal, aunque no pudo discriminar cuántas de ellas se produjeron en locales de la ciudad de Buenos Aires.
Por lo pronto, de todos los procedimientos realizados en los últimos dos años, sobre un total de diez condenas, ninguna corresponde a la ciudad de Buenos Aires.
El juzgado de Lijo, donde ha quedado radicada la denuncia de Nancy Miño, es el mismo donde recayó el caso en que la Fundación La Alameda alertó sobre una red de whiskerías y prostíbulos que funcionaban con protección policial en los barrios de Constitución y Monserrat, en proximidades del Departamento Central de Policía (ver nota aparte).
Esa causa no prosperó, dicen en el juzgado, porque “no pudo probarse la existencia de trata y las causas se convirtieron, cuanto mucho, en infracciones a la Ley de Profilaxis”.
Desde la División Medios de Comunicación de la Policía Federal desestimaron la denuncia de Nancy Miño al afirmar que “está con licencia médica de características psiquiátricas” . Admitieron, sin embargo, que la mujer no tiene estado policial, ya que es personal del escalafón administrativo, y que en esa condición participaba de operativos de inteligencia en el exterior de los locales, buscando información en el vecindario, así como en la asistencia a las víctimas, colaborando en la traducción al guaraní cuando las mujeres eran de nacionalidad paraguaya. “Las tareas que tenía eran ínfimas, no era un papel relevante o sobresaliento como ella dice”, enfatizó el comisario Pedace. De todas formas, Pedace informó que “Asuntos Internos va a iniciar un sumario para deslindar responsabilidades” .
En la Federal niegan que Miño haya cumplido tareas policiales porque, entre otras cosas, admitirlo implicaría una falta al reglamento del personal de la fuerza. El reclamo por el maltrato laboral es otro de los ejes de la declaración de la testigo. “No tenía armas ni uniforme”, dice la mujer, quien da cuenta en su declaración, con lujo de detalles, de su participación en los procedimientos.
–¿Cómo era su participación en la inteligencia dentro de un prostíbulo? ¿Cuál era su papel? –le preguntó Página/12.
–Tenía que hacer el trabajo que se hace en un prostíbulo –aseguró.

 
Viernes, 14 de mayo de 2010

Las denuncias previas sobre amparo policial

Prostíbulos con buena protección

Sólo en la ciudad de Buenos Aires se calcula que existen entre 600 y 800 prostíbulos, repartidos entre barrios tan disímiles como Constitución y Retiro. Lo llamativo es que no son lugares ajenos y distantes para los agentes de la ley, puesto que hay 25 locales alrededor del Departamento Central de Policía, en Montserrat, un hecho que fue comprobado por el relevamiento conjunto entre vecinos, la cooperativa La Alameda, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. En agosto de 2008, cinco diputados nacionales pidieron que se investiguen estos lugares y también la supuesta complicidad policial.

Estos prostíbulos céntricos funcionaban sobre la calle Salta al 100 y al 300 y Santiago del Estero al 200 y al 300. Este último fue visitado por Página/12, que pudo comprobar cómo un patrullero, a pocos metros del lugar, permitía su funcionamiento. De hecho, en la denuncia presentada por esas organizaciones, un vecino contaba que los agentes de la Policía Federal entraban a estos locales y salían minutos después “con una o dos botellas de sidra”. Por orden de los jueces Norberto Oyarbide y Jorge Ballesteros, la Gendarmería clausuró los prostíbulos denunciados, aunque se reabrieron un par de semanas después.
El tema fermentó entre los vecinos de Constitución y Montserrat, que en diciembre del año pasado, luego de hacer varios escraches en 2008, decidieron marchar junto a 200 organizaciones desde Callao y Santa Fe hasta la Procuración General de la Nación. Allí entregaron un petitorio para que se cumpla la Ley Nacional de Profilaxis, que prohíbe los prostíbulos en la Argentina. En ese texto también se enumeraban 613 prostíbulos, de los que se dio dirección, teléfono y hasta el nombre del propietario en algunos casos. Por entonces, Gustavo Vera, de La Alameda,y Viviana Caminos, integrante de la Red Alto al Tráfico y a la Trata, señalaron que la protección y complicidad policial es la clave para que cientos de prostíbulos puedan funcionar.
Otros barrios con alto índice de prostíbulos son Liniers, Flores y Once. Aunque también hay lugares en el paquete barrio de Retiro, como se supo en marzo pasado: Miguel Angel Fausto Colombo, que acababa de conseguir un alto cargo en la Policía Metropolitana, estaba procesado en una causa por proteger un prostíbulo en ese barrio, cuando trabajaba en la comisaría 15ª de la Policía Federal, en 1999. Ese caso comenzó a ser investigado por una penosa confusión. Resulta que un hombre –que sufre de deficiencia mental luego de que su padre, que era policía, le disparase accidentalmente en la cabeza– creyó leer en el diario la oferta de una agencia matrimonial, que en realidad era un prostíbulo.
Además de Fausto Colombo, fueron procesados cinco ex comisarios, cuatro subcomisarios y dos oficiales.

Viernes, 14 de mayo de 2010

El Departamento de Estado aconseja evitar las “whiskerías” porteñas

Advertencia a los viajeros

Tras las notas publicadas en este diario en torno de las estafas a los incautos clientes de esos locales y las clausuras dispuestas por la Justicia, el gobierno de Estados Unidos aconsejó a sus ciudadanos no concurrir a esos lugares.

/fotos/20100514/subnotas/na02fo01.jpg

Diversas organizaciones sociales realizaron protestas por la protección policial a prostíbulos.

La repercusión por las prácticas mafiosas de varios cabarets del microcentro porteño, donde los proxenetas suelen tentar a los peatones con un show erótico y luego los amenazan y les roban, despertaron la preocupación del Departamento de Estado norteamericano. En un apartado llamado “advertencias a los viajeros”, el sitio oficial de este Departamento señala que el método consiste “en atraer a los turistas adentro de bares conocidos como ‘whiskerías’ dándoles una tarjetitas para acceder a descuentos o un show gratis; una vez adentro, a la víctima no se le permite irse hasta que pague una exorbitante suma de dinero por un trago”. El Departamento de Estado recomienda a los ciudadanos de ese país no concurrir a esos lugares.

Esta modalidad viene repitiéndose desde hace varios años en la ciudad de Buenos Aires y fue investigada por este diario en enero pasado, luego de que en un foro de Internet muchas personas engañadas y a veces golpeadas planearan una venganza contra la llamada “mafia de los tarjeteros”. Entre las historias que se fueron sumando, se detallaba cómo los guardias de seguridad de estas whiskerías, mediante intimidaciones o incluso golpes, les robaban las pertenencias de valor a las personas que acudían engañadas. Si no tenían nada de valor encima, los patovicas los acompañaban hasta algún cajero automático cercano para hacer una extracción de dinero.
Página/12 visitó uno de estos lugares, llamado Bar Tango Girls, en el subsuelo de una galería cercana al cruce de la peatonal Lavalle y Suipacha. Al cronista le ofrecieron “conocer” a las chicas sin cargo alguno y decidir si quería o no el baile erótico. Nada de esto sucedió. No bien comenzó la charla con dos mujeres, otra mujer que regenteaba el lugar sirvió tres vasos de jugo de pomelo y cuando el cronista prefirió dejar la whiskería con la excusa de recorrer otras, comenzó el apriete. La puerta estaba cerrada y obstaculizada por el tarjetero.
Los vasos de las chicas costaban 60 pesos cada uno y el del cronista 30. La cuenta fue inventada en el momento, ya que el cronista había advertido que sólo tenía 150 pesos antes de sentarse a charlar. Nadie sale de estos lugares con plata a menos que, como comentó con ironía un policía de la Bonaerense en uno de los foros de Internet, saque un arma y le apunte al guardia. El precio varía no por la whiskería sino por la víctima: un solo vaso de gaseosa puede costar 150 pesos, dependiendo de la procedencia del cliente. Los turistas extranjeros son los más damnificados y buscados por los tarjeteros, sobre todo si provienen de países del primer mundo.
El Tango Girls y otros tres locales similares en Pellegrini 469, Corrientes 919 y Suipacha 472 fueron allanados y clausurados el 26 de abril pasado. La investigación llevó más de un año y derivó en la detención de dos personas: una mujer que era encargada de varios de estos lugares y un proxeneta. El comisario Eduardo Espósito, a cargo del operativo, contó a este diario que la tardanza en el accionar se debía a que las víctimas “son generalmente extranjeros o gente que no conoce la ciudad y costaba mucho identificar a los responsables” . Meses antes, cuando Página/12 acudió al Tango Girls, varios empleados de locales lindantes a esta y otras whiskerías aseguraban que la policía no sólo conocía estos lugares, sino que los protegía a cambio de dinero.
La investigación que derivó en las clausuras comenzó con más de 100 denuncias que se amontonaron en distintas fiscalías desde junio de 2009 y se unificaron en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 48. Fue el juez de Instrucción Luis Zelaya quien dio la orden de allanamientos a los efectivos de la División Delitos Contra la Salud, de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Los testimonios de los denunciantes incluían robo, estafa, extorsión y privación ilegítima de la libertad. “Las whiskerías son negocios legales, el problema es la actividad que se monta a caballo de las whiskerías, lo que encubren estos locales”, comentó Espósito en aquella oportunidad.
La clausura que recibieron estos cuatro lugares habilitados, también “locales nocturnos” o “bares”, fue por 90 días, lo que desalienta la actividad, ya que se trata de locales alquilados. Sin embargo, hay al menos 30 sitios similares en el microcentro porteño que siguen abiertos en el radio delimitado por las avenidas Corrientes y Santa Fe, entre Carlos Pellegrini hasta la avenida Leandro N. Alem. Según contó el comisario Espósito, seguramente habrá más clausuras y detenciones este año, porque las denuncias siguen llegando.

 
Denuncian venta de protecciÓn a prostibulos

Acusaron a policías de corrupción

Los uniformados trabajan en el área de la Policía Federal que debe combatir la trata de personas

  
Gustavo Carabajal
LA NACION
La Justicia investiga si un grupo de policías federales les cobraba coimas, de hasta 50.000 pesos, a los dueños de dos prostíbulos.
Dicha investigación se inició hace tres días, cuando una mujer policía que se desempeñaba en la División Trata de Personas de la Policía Federal declaró ante el juez federal Sergio Torres y acusó a varios comisarios y comisarios inspectores de recibir coimas.
Un día después, Torres envió el expediente a la Cámara Federal, donde fue sorteado un nuevo juzgado para seguir con la investigación. Luego de esa diligencia judicial, la causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien ayer le tomó una nueva declaración testimonial a la policía, identificada por fuentes judiciales como Nancy Margarita Miño.
Durante siete horas, la mujer que se desempeñaba como auxiliar segunda en la mencionada dependencia, que habitualmente trabajaba como agente encubierta y se infiltraba en las redes de explotación sexual de mujeres describió cómo el sistema de recaudación ilegal.
“Tenemos casos de policías que regenteaban prostíbulos. Sí, donde ellos eran los dueños. Mi jefe directo en la división en la que trabajaba era propietario de dos o más prostíbulos en el Gran Buenos Aires”, manifestó Miño en su declaración.
Ante el juez Lijo, la mujer mencionó que una suboficial, de apellido González, y un subinspector, al que identificó como Ojeda Mercado, le habría propuesto manejar dos prostíbulos en la Capital.
Además, aseguró que en la División Trata de Personas “siempre se desestimaban las denuncias de prostíbulos en la Capital y se cobraba 50.000 pesos para no rescatar a una menor. Todos los prostíbulos tenían un precio. Debían pagar coimas a la comisaría de la jurisdicción, a Delitos contra la Salud, a la gente de Drogas Peligrosas y al Gobierno de la Ciudad”, sostuvo la mujer policía en su declaración ante el juez Lijo.
Según informaron Gustavo Vera, de la Cooperativa La Alameda, y el abogado Mario Ganora, quienes acompañaron a la mujer policía a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, Miño los había alertado en febrero pasado sobre la presunta red de corrupción que funcionaba en la dependencia en la que trabajaba.
“Conocí a Miño durante los operativos que se hicieron en Mar del Plata en febrero, cuando la Justicia allanó prostíbulos que funcionaban allí. En ese momento, se refirió a la existencia de una supuesta asociación ilícita que tenía como misión fundamental cobrarles coimas a los dueños de los prostíbulos que debían controlar”, dijo el abogado Ganora.
Hace tres días, la mujer policía se decidió a contar ante un juez todo lo que había conversado con Vera y Ganora y denunció a sus jefes, que se desempeñan en el área de Investigación de la Policía Federal, que fue creada especialmente para combatir el delito de la trata de personas.
Miño le dijo al juez Torres que sus jefes le enviaban información fragmentada a los distintos juzgados sobre los prostíbulos que debían investigar. El objetivo de dicha maniobra, según el testimonio de la mujer, era hacer fracasar las investigaciones que se realizaban en esos prostíbulos. Todo a cambio de una suma de dinero.
Como ejemplo, Miño citó un caso: “después de infiltrarme en un prostíbulo de Quilmes, obtuve cierta información que indicaba que allí obligaban a mujeres embarazadas a ejercer la prostitución. Cuando se hizo el allanamiento, ya no estaba una chica que yo había descubierto en avanzado estado de embarazo”.
En tanto, la diputada provincial de Unión PRO, Nancy Monzón, denunció la existencia de una zona liberada en territorio bonaerense que permite “más de 8000 prostíbulos disfrazados de pubs, casa de citas y whiskerias, funcionen impunemente, muchos de ellos en San Nicolás, Pergamino, Junín y San Pedro”.

Read Full Post »

Read Full Post »

Older Posts »